Las estadísticas son tan terribles que, aplicadas al muestrario de testimonios recogidos en este reportaje, adquieren la magnitud de una catástrofe colectiva.
Eso significa que en estos tres últimos años
350.000 propietarios, familias en su gran mayoría, han perdido o van a perder sus casas y que cada día que pasa medio millar más se queda sin vivienda. Súmense a estos insolventes los casos de familiares y amigos que avalaron los créditos, y que ahora corren el riesgo de que les embarguen sus propias casas, y se entenderá por qué parte de la sociedad española siente que el suelo tiembla bajo sus pies, teme precipitarse al vacío de la miseria y la exclusión.
Discretamente, casi sin ruido, en
España se está produciendo un fenómeno masivo de migraciones domésticas encaminadas a la agrupación, la concentración y el hacinamiento. Son familias que, ante la imposibilidad de pagar la hipoteca (y en otros casos el alquiler), se mudan a viviendas de habitaciones subarrendadas con derecho a cocina y baño; personas solas que ponen su piso en alquiler y regresan a casa de los padres o comparten piso con otros familiares o amigos; gentes que no encuentran más refugio que los pisos patera y las pensiones sórdidas de camas calientes de dos y hasta tres turnos. Es la franja social machacada por el mazo de la crisis, los ahorcados por las hipotecas, los defenestrados de la "fiesta del ladrillo". Todos ellos llevan grabada en la mente e impresa dolorosamente en el alma una fecha fatídica.
¿El surgimiento, en tan poco tiempo, de este ejército de desahuciados no nos interpela ahora, dramáticamente, sobre la política de vivienda seguida en los últimos lustros en el país del millón y medio de casas vacías y precios prohibitivos de los pisos?
Es una soga de la que no resulta fácil desprenderse, ya que el embargo de los pisos, que han perdido el valor de años atrás, no colma las reclamaciones bancarias, no libera de la condena de seguir cargando con la losa.
Pero parece ser que muchos de los responsables, que ya se forraron, han encontrado nuevos territorios donde seguir ganando dinero a costa de otra burbuja inmobiliaria como explica Julio Soto: "Acabo de regresar de la
región rumana de Alexandria y he vuelto impresionado por la cantidad de villas y mansiones de dudoso gusto levantadas con créditos de bancos españoles y que ahora están paralizadas, a medio construir, porque, por lo visto, ya no llegan de España las remesas de los inmigrantes", comenta el director y productor de cine
Julio Soto.
¿Pero qué ocurre, no hay responsables de esta tragedia? Por suerte hay gente que se lo pregunta:
Ada Colau, abogada de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Cataluña, que reclama la dación, sostiene que la combinación fatal de boom inmobiliario, sobreendeudamiento e insolvencia familiar fue favorecida por la concesión casi indiscriminada de créditos hipotecarios y por la ausencia de controles públicos y políticas dirigidas a garantizar un alquiler accesible y estable. Pocas voces cualificadas salieron entonces a denunciar los excesos, y las que lo hicieron quedaron ahogadas en la alegre cacofonía general del "corre ahora lo que puedas y no pienses en mañana". Ocurrió, incluso, pese a la crítica a los préstamos hipotecarios a 40 y 50 años que el entonces ministro de Economía
Pedro Solbes vertió en la
Universidad Menéndez Pelayo, de
Santander. Sus palabras fueron contestadas y cayeron en saco roto.
Cabe preguntarse si los únicos responsables de esta catástrofe que castiga a las franjas económicamente más débiles de la sociedad son los propios insolventes que, llevados por la ignorancia, la ambición, la ingenuidad, cometieron la osadía de meterse en un piso que no pueden pagar. ¿Ellos solos se lo han buscado o es que ese sueño nacional al que se adhirieron con especial ilusión los inmigrantes, "el sueño español", fue inducido irresponsablemente por la alegría crediticia de estos años atrás, al tiempo que el sobreendeudamiento resultante de la burbuja inmobiliaria, que nadie se atrevió a pinchar, les colocaba inadvertidamente la soga que ha acabado por ahogarles?
Me parece tremendamente injusto que, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, por ejemplo, a alguien le desahucien y, como ha bajado de valor, se quede sin piso y siga debiendo al banco la diferencia.
Si esta situación sigue creciendo, ¿no podría haber un momento en el que estalle una revuelta popular?Veamos dos casos:
"Tengo 49 años y una hipoteca a 40 años que vencerá cuando, seguramente, yo ya estaré muerta", comenta
Edurne, educadora social en
Girona. "Firmé la hipoteca hace cuatro años, a medias con mi compañero, pero me la quedé al completo cuando él se marchó, y aunque hasta ahora he pagado los ochocientos y pico mensuales, ya no puedo más. Llevo dos años intentando vender la casa, y ahora lo que quiero es que el banco se quede con ella a cambio de liquidarme la deuda: 140.000 euros de un crédito total de 145.000", dice.
Edurne no lo tendrá fácil porque los bancos acreedores sólo aceptan la dación muy excepcionalmente y en casos de insolvencia manifiesta. "Después de tantas angustias, he decidido que se acabó el miedo, que hagan conmigo lo que quieran, no voy a seguir viviendo en la miseria para poder pagarles". "Tenemos que salir a manifestarnos a la calle con nuestros hijos", lanza
Segundo Zapata, ecuatoriano con una fecha de desahucio del pasado día 11.
Me temo que si la situación narrada en este artículo sigue creciendo, nos vamos a enfrentar con una especie de revuelta popular. ¿A alguien le extrañaría?No puedo evitar utilizar como colofón una viñeta de El Roto publicada recientemente en el mismo diario.
Sobre la foto que ilustra este post.He elegido esta imagen entre las de mi archivo, aunque no pertenece a ninguna ciudad española. ¿Alguien adivina de qué capital se trata?